Actualmente se ha contratado a una asesoría legal externa que defienda a los agricultores lo cual demandará más gastos a los disminuidos recursos económicos en los que a la fecha tiene nuestra institución. Se sabe que existe una demanda en la localidad de Trujillo realizada por Carmen Gil la cual actuó equivocadamente y esta habría sido archivada, pues la demanda debió hacerse en Chiclayo, según indica el informe de este asesor externo.
Para esta compra se habría actuado por “acuerdo de asamblea”, pero administrativamente se desconoce si hubo concurso público, bases, análisis de costos de mercado referenciales, proformas de compra, evaluación técnico-económica-financiera de los postores para hacer la selección de la empresa indicada, y sobre todo garantías de fiel cumplimiento del contrato; y si hubo éstas garantías porque no fueron ejecutadas y poder recuperar la inversión institucional.
El presidente, la dirigencia, los funcionarios implicados deben una explicación a los agricultores del valle por esta cuantiosa pérdida, y se debe indicar cuánto se recuperó, y cuánto dinero demandará proseguir este juicio, pues el contrato principal suscrito superaba el medio millón de dólares.
De igual forma debe emitirse un informe respecto al guano de isla que se adquirió entre los años 2008 a la fecha, y del cual se desconoce las utilidades a la venta.
